El proyecto SPRINT es un estudio financiado por la Unión Europea y reveló la presencia de hasta diez agrotóxicos en el 100% de los argentinos analizados. La investigadora del INTA a cargo del muestreo, Virginia Aparicio, enfrenta un proceso de exoneración mientras el organismo mantiene el silencio sobre los resultados. Es decir, hay un proceso sumarial para echarla de su trabajo y prohibir que cualquier entidad estatal vuelva a contratarla. Se consultó a la Sociedad Rural y al INTA, pero solo respondieron con evasivas o el silencio. Solo queda contar los resultados inquietantes.
En un barrio popular o en una mansión de Barrio Parque, la población está expuesta a estos cócteles de sustancias que se utilizan para eliminar insectos, hongos o plantas. Glifosato, herbicidas, fungicidas e insecticidas: venenos de diferentes tipos que respiramos y comemos a diario. No es necesario trabajar en el campo ni vivir cerca de donde se fumigan las cosechas. El proyecto SPRINT demostró que podés tener estos venenos en el cuerpo ¿Cuáles son las consecuencias para la salud? Ahí reside el verdadero punto de esta nota.
Están probados los problemas respiratorios, neurodegenerativos y hasta los casos de cáncer que generan en habitantes de zonas rurales, pero ¿Qué sucede con las pequeñas cantidades a las que estamos expuestos en zonas urbanas? Esto se preguntó SPRINT, una investigación internacional financiada enteramente por la Unión Europea y realizada en once países, entre los cuales se encuentra Argentina.
La científica responsable de estos estudios en territorio nacional es Virginia Aparicio quien, lejos de recibir un reconocimiento, enfrenta un sumario administrativo con pedido de exoneración. Se trata de la sanción disciplinaria más grave para un trabajador del Estado: implica el despido inmediato y la prohibición permanente de volver a ejercer cargos públicos o reingresar a organismos estatales.
Virginia Aparicio es ingeniera agrónoma, estudió en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, hizo un doctorado en la misma casa de altos estudios. Después de más de 20 años de trabajo, se la considera una de las máximas expertas en el país en rastrear cómo se mueven y dónde terminan los agroquímicos en la naturaleza y en el cuerpo humano.
“El INTA es un organismo público descentralizado con personería jurídica y autarquía operativa y financiera, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. Creado en 1956, el organismo genera conocimiento e innovación tecnológica para acompañar el desarrollo del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial. Sus acciones se orientan al desarrollo sostenible, la competitividad de las cadenas agropecuarias y la equidad territorial, articulando la investigación científica con la extensión rural en todo el territorio argentino a través de sus Centros de Investigación, Estaciones Experimentales Agropecuarias y Agencias de Extensión Rural”.
Esto dice la página del INTA sobre su origen y funciones. Sin embargo, el caso Aparicio pone un gran signo de interrogación en muchas de esas palabras: ¿Se puede exonerar al principal cerebro de una materia? Como poder se puede, lo que parece que no se pueden detener son las pruebas de su investigación. Pero, vamos por partes.
Cuál es el impacto que los agrotóxicos tienen en nuestra salud
Las intoxicaciones con agrotóxicos alcanzan los 385 millones de casos cada año en todo el mundo y provocan 11 mil muertes por intoxicación aguda. Los datos pertenecen a un estudio epidemiológico global publicado en 2020 en la revista científica BMC Public Health1.
Sin embargo, informes de la ONU y la OMS advierten que las estadísticas de muertes por agrotóxicos sufren un fuerte subregistro debido a tres factores estructurales. En primer lugar, existe un severo subdiagnóstico en zonas rurales donde la falta de infraestructura médica o de análisis toxicológicos de laboratorio impide catalogar adecuadamente la causa real de un deceso. A esto se suma la brecha de atribución en la medicina, ya que un profesional puede diagnosticar cáncer o falla renal crónica, pero rara vez registra en la causa de muerte la exposición ambiental acumulada durante dos décadas a un paquete de agroquímicos. Por último, influye el denominado “efecto cóctel”, ya que las evaluaciones epidemiológicas globales suelen calcular el riesgo de una molécula por separado, ignorando la aceleración del daño biológico cuando coexisten múltiples sustancias en el organismo humano.
Esta limitación metodológica impide saber con exactitud cuántas personas enferman y mueren por el efecto de los agrotóxicos en el mundo y en la Argentina. No obstante, los resultados de SPRINT acercan números inquietantes sobre la magnitud del problema: de la muestra total analizada (73 personas), el 100% mostró tener en sangre, orina y materia fecal entre dos y diez agrotóxicos. La muestra incluyó a trabajadores rurales, habitantes de localidades cercanas a fumigaciones y residentes de grandes ciudades.
Estos hallazgos desencadenaron el proceso disciplinario contra Virginia Aparicio. El trámite se inició durante la gestión del INTA en el gobierno anterior y continuó en la administración actual. Es decir, tanto los funcionarios nombrados por el gobierno peronista como la gestión libertaria coincidieron en avanzar con el procedimiento sumarial en respuesta a la divulgación de los resultados.
En diálogo con Aparicio, se le hicieron preguntas acerca del proceso sumarial y las conclusiones de la investigación.
_ La respuesta institucional del INTA ante la contundencia de estos datos no fue abrir un debate técnico o profundizar la investigación, sino suspender la difusión y avanzar con un proceso sumarial que busca tu exoneración: ¿Qué es lo que verdaderamente incomodó a la conducción del organismo y al sector agroindustrial para reaccionar con un castigo de semejante gravedad?
_ No puedo atribuir intenciones que no puedo demostrar ni afirmar qué incomodó a determinadas personas o sectores. Sí puedo hablar de los hechos y de la secuencia que viví. SPRINT no fue una investigación clandestina ni una iniciativa personal. Fue un proyecto internacional financiado por la Unión Europea, integrado por instituciones científicas de diez países europeos y Argentina. INTA participó institucionalmente y yo fui responsable del sitio de estudio argentino. El propio organismo había difundido públicamente el proyecto y sus objetivos. En 2023, cuando llegaron resultados individuales que debían ser comunicados a los voluntarios, esa devolución fue suspendida institucionalmente. Posteriormente, INTA resolvió retirarse del proyecto y se inició un proceso sumarial. Según la información que recibí extraoficialmente a través de APINTA (entidad gremial de profesionales del INTA), el Consejo Directivo trató el expediente a fines de agosto de 2026 y se habría avanzado con mi exoneración de la Administración Pública Nacional. Al momento de esta entrevista todavía no he recibido la notificación formal correspondiente. Más que especular sobre las motivaciones, creo que existe una pregunta de fondo que sí merece una discusión pública: ¿qué debe hacer una institución científica del Estado cuando una investigación produce resultado sensibles?
_ A diferencia de lo que ocurrió en Argentina con el intento de silenciar el estudio, en Europa los datos de SPRINT se integraron al consorcio científico y se usaron para ajustar políticas ambientales. Si el expediente administrativo avanza y se concreta tu expulsión del Estado, ¿qué pasa con los datos, las muestras y el futuro de la participación argentina en redes de investigación internacional de esta escala?
_ Haría una precisión respecto de la pregunta. No diría que SPRINT ya “ajustó las políticas europeas” como una relación causal directa. El proyecto fue concebido para generar evidencia científica, herramientas de evaluación de riesgo y alternativas para una transición hacia una protección vegetal más sostenible, capaces de aportar información a las políticas públicas de los países participantes. Y eso incluye a Argentina, que fue parte del consorcio y el único sitio de estudio del continente americano.
Esto es muy importante. Los datos obtenidos aquí no fueron simplemente una contribución argentina a una investigación europea. Son información científica producida en territorio argentino, sobre nuestros sistemas productivos, nuestro ambiente y nuestra población, y pueden contribuir a discutir y diseñar políticas nacionales, provinciales y locales sobre uso de plaguicidas, monitoreo ambiental y humano, protección de trabajadores y comunidades, calidad del agua y los alimentos, trazabilidad de las aplicaciones y estrategias de reducción de riesgos.
SPRINT terminó oficialmente en febrero de 2026 y dejó una importante infraestructura científica: bases de datos, publicaciones, modelos de exposición, ensayos toxicológicos y ecotoxicológicos y una Global Health Risk Assessment Toolbox, pensada para integrar salud humana, animal, vegetal y de los ecosistemas.
Los datos argentinos no desaparecen porque una investigadora sea apartada de una institución. Fueron generados dentro de un consorcio internacional, siguiendo protocolos comunes, y una parte importante ya integra bases, análisis y publicaciones científicas internacionales. Pero que los datos existan no significa necesariamente que el país aproveche ese conocimiento. Para transformar conocimiento científico en políticas públicas necesitamos instituciones capaces de recibir la evidencia, discutirla técnicamente y convertirla, cuando corresponda, en mejores sistemas de prevención, monitoreo y regulación.
Y aquí hay algo que para mí es fundamental. La ciencia se construye sobre redes de confianza, y en este caso existen por lo menos tres redes que debemos cuidar.
Está la red internacional. Participar en un consorcio de esta magnitud requiere años de construcción de vínculos, capacidad científica demostrada, infraestructura, investigadores formados y confianza entre instituciones. Estas redes permiten acceder a metodologías, laboratorios altamente especializados, bases de datos y capacidades científicas que difícilmente podría reunir un único grupo de investigación.
Pero existe también una red científica nacional, muchas veces menos visible. Para realizar una investigación de esta complejidad se articulan investigadores, becarios, técnicos, laboratorios, universidades, organismos públicos y grupos de distintas disciplinas. Esas capacidades se construyen durante años. Cuando se interrumpe abruptamente una línea de investigación no se pierde solamente un proyecto: pueden fragmentarse equipos, interrumpirse tesis y publicaciones, perderse capacidades analíticas y debilitarse vínculos científicos que llevaron mucho tiempo construir.
Y existe una tercera red que considero fundamental: la red comunitaria que hace posible la investigación.
Detrás de cada muestra humana hay una persona que decidió voluntariamente colaborar con la ciencia. En SPRINT participaron productores, trabajadores, vecinos y consumidores que brindaron información sobre sus actividades y hábitos y aceptaron entregar muestras biológicas —sangre, orina y materia fecal—, utilizar pulseras para evaluar exposición y, en distintos componentes del estudio, permitir que investigáramos matrices de sus ambientes y sistemas productivos.
Es una participación profundamente altruista. Esas personas no entregan solamente una muestra: depositan confianza en los investigadores y en las instituciones públicas que los respaldan. Confían en que sus datos serán protegidos, que las muestras serán utilizadas responsablemente y que el conocimiento generado tendrá una devolución científica y social.
Por eso, cuando una investigación se interrumpe o se dificulta la comunicación de sus resultados, existe un riesgo que no aparece en ningún balance económico: erosionar la confianza de la sociedad en la investigación pública. Y esa confianza puede llevar muchos años construir y muy poco tiempo perder.
La ciencia contemporánea necesita esas tres redes: la internacional, que permite compartir capacidades y abordar problemas globales; la nacional, que sostiene equipos, laboratorios y formación científica; y la comunitaria, que hace posible producir conocimiento sobre problemas que afectan a la propia sociedad.
Por eso la pregunta hacia adelante es mucho más amplia que qué ocurrirá conmigo. Es qué condiciones va a ofrecer Argentina para que sus investigadores puedan participar de grandes redes científicas, para que sus instituciones sostengan los compromisos asumidos y para que el conocimiento producido con financiamiento público y con la participación voluntaria de la sociedad pueda regresar a esa sociedad y contribuir a mejores políticas públicas.
Y, sobre todo, para que una persona que mañana sea invitada a participar voluntariamente de una investigación pública pueda seguir pensando: “confío en ustedes; vale la pena colaborar con la ciencia”.
Esa confianza también es patrimonio científico del país.
_ ¿Hay forma de tener políticas públicas para atacar el problema de los agrotóxicos sin que se afecte la competitividad del campo argentino?
_ Sí. Y creo que es fundamental no plantearlo como una elección entre producción y ambiente. Argentina necesita producir, pero también necesita que esa producción pueda sostenerse económica, ambiental y socialmente en el tiempo.
De hecho, SPRINT fue concebido con esa preocupación. El proyecto no tuvo como objetivo simplemente medir plaguicidas ni proponer su eliminación indiscriminada. Buscó evaluar riesgos, costos y beneficios de diferentes sistemas productivos y desarrollar caminos de transición hacia una protección vegetal más sostenible.
Hay muchas políticas posibles que no significan abandonar la producción: fortalecer el manejo integrado de plagas; mejorar las rotaciones; utilizar cultivos de cobertura; aplicar agricultura de precisión para evitar aplicaciones innecesarias; mejorar las recetas agronómicas y su trazabilidad; registrar qué productos se utilizan, dónde, cuándo y en qué cantidad; ampliar el monitoreo ambiental y humano; proteger especialmente a trabajadores, escuelas, cursos de agua y poblaciones vulnerables; y promover alternativas biológicas y agroecológicas allí donde sean técnica y económicamente viables.
Hay un aspecto que considero particularmente importante para Argentina: necesitamos información sistemática y pública sobre el uso de plaguicidas. Es muy difícil diseñar políticas inteligentes de reducción de riesgos si no contamos con una base que permita conocer qué principios activos se utilizan, en qué cantidades, en qué territorios y cómo cambia ese uso a lo largo del tiempo. No se puede gestionar adecuadamente aquello que no se conoce.
También necesitamos evaluar los costos que habitualmente quedan fuera de la cuenta productiva. Si una práctica genera determinado rendimiento pero al mismo tiempo produce contaminación del agua, degradación del suelo, pérdida de biodiversidad o costos sanitarios, esos costos existen aunque no aparezcan en el balance económico inmediato del establecimiento.
La respuestas de quienes exoneran
En el expediente del sumario administrativo tramitado ante la Asesoría Jurídica del INTA y en la notificación formal enviada a Virginia Aparicio a mediados de 2023, se dieron argumentos por parte de las autoridades de la entidad para avanzar en la exoneración de la investigadora. En primer lugar, se planteó una ruptura de la cadena de mando. En ese documento oficial, la Presidencia del INTA fundamentó la prohibición de comunicar avances y la posterior apertura del proceso disciplinario invocando la violación del Reglamento del Reglamento del Investigador y del Personal del INTA, que exige contar con el aval institucional previo de la Dirección Nacional antes de difundir datos de proyectos con financiamiento o socios externos.
A pesar de estos argumentos, las autoridades del INTA nunca quisieron hacerlos públicos ni someterlos a la prensa. En el marco de esta nota, se le escribió un mail al área de prensa del organismo y hasta el momento de escribir estas líneas, no hubo respuesta.
También en el contexto de este artículo se contactó a Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, entidad agraria que nuclea a los principales productores agropecuarios del país. Los resultados de SPRINT apuntan a el esquema productivo del campo argentino y en relación a esa inquietud se mantuvo el siguiente intercambio:
_ Buenas tardes, gracias por contestar. El proyecto SPRINT impulsado por la Unión Europea, encontró en el organismo del 100% de los argentinos que participaron en la investigación, entre dos y diez agroquímicos. Según los científicos que llevaron adelante la investigación, no se conoce el impacto del llamado “efecto coctel” de estos agroquímicos en la salud. ¿Qué opina de estos resultados y qué opina del proceso de exoneración de Virginia Aparicio, la responsable de la investigación argentina, del INTA?
_ Ok.
La participación de la Sociedad Rural Argentina en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria rige de manera ininterrumpida desde la fundación misma del organismo en mil novecientos cincuenta y seis. La integración de la entidad en el gobierno del instituto está expresamente establecida y normada en el Decreto Ley número catorce mil quinientos setenta y cuatro del cuatro de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, mediante el cual el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu dispuso la creación del INTA. En esa norma fundacional se diseñó una estructura de conducción colegiada que otorgó representación permanente al sector privado productivo en el máximo órgano de decisión.
El texto legal fija esta participación en su artículo seis, el cual establece la constitución del Consejo Directivo. La norma dispone que este cuerpo colegiado esté integrado por funcionarios del sector público nacional y por representantes designados por las entidades gremiales del campo más representativas a nivel nacional. A través de este articulado y sus posteriores reglamentaciones, la Sociedad Rural obtuvo una silla titular y una suplente en dicho órgano, posición que mantiene en la legislación actual tras sucesivas modificaciones de la estructura orgánica del Estado.
En términos prácticos, esta disposición legal otorga a la Sociedad Rural la facultad jurídica de votar las políticas de investigación, los planes presupuestarios, las designaciones de las altas autoridades científicas y las resoluciones administrativas o disciplinares que tramitan dentro del instituto público.
A lo largo de la historia, muchos científicos fueron perseguidos por hacer su trabajo. En algunas ocasiones fue la iglesia, en otros, gobiernos, pero rara vez se hizo a través de un instituto que fue diseñado para la investigación científica.
Al momento de escribir estas líneas, sigue en pie una campaña de organizaciones ambientalistas, sindicales, profesionales y profesionales de diferentes disciplinas, en contra del proceso de exoneración de Virginia Aparicio.
- Boedeker, W., Watts, M., Clausing, P., & Marquez, E. (2020). The global distribution of acute unintentional pesticide poisoning: Estimations based on a systematic review. BMC Public Health, 20(1), 1875. ↩︎
