“Una empresa que contamina un río. ¿Y? ¿dónde está el daño?”, dijo el actual presidente de la República en una conferencia ante empresarios durante su participación en el Congreso Económico Argentino que se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural en ​​plena campaña. Se refería a que el problema de la contaminación radica en el derecho de propiedad del agua por tener costo cero y agregó: “Cuando falte el agua, alguien va a ver un negocio ahí y va a reclamar los derechos de propiedad. Van a ver cómo ahí sí se termina la contaminación».

Foto: Igor Wagner

Los cambios de administración gubernamental suelen traer transformaciones en políticas públicas, y en este caso la política ambiental comenzó en forma drástica el 12 de diciembre, cuando el ministro de Economía Luis Caputo anunció 10 medidas del Decreto de Necesidad y Urgencia 8/2023, firmado por el presidente que redujo la cantidad de ministerios de 18 a 9. Entre otros, deja de existir el Ministerio de Medio Ambiente como lo había adelantado durante la campaña, y deja bajo la competencia del Ministerio del Interior lo que refiere a: “la política ambiental y el desarrollo sostenible y a la utilización racional de los recursos naturales”, dice el decreto en el artículo 17 referido a la competencia de la cartera del Interior.

Esta fue la primera medida que afectó la política ambiental, al dejar de tener ministro de ambiente ahora las decisiones pasarían por una Subsecretaría. En ese sentido las diferencias son importantes:

• Un subsecretario no asiste a las reuniones de gabinete con el presidente, a no ser que se trate de reuniones ampliadas.

• No podrían tomarse decisiones sin consultar al ministro, en este caso del interior.

• El presupuesto queda dentro de la estructura del ministerio que la contiene. 

Pero también tiene una lectura simbólica sobre la posición que tiene el gobierno sobre esa política en particular al bajarla de categoría jerárquica.

Mientras esto ocurría en Argentina, se realizaba La 28ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28). Esta se celebró en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023. La llegada de la delegación argentina generaba expectativa ante la representación de un presidente abiertamente negacionista del cambio climático.

No es la primera vez que la cumbre del cambio climático se ve tensionada por la posición de un país miembro. Ya en el 2020 Donald Trump abandonó el Acuerdo de París y Jair Bolsonaro insinuó salir del acuerdo aunque finalmente no llegó a hacerlo.

Argentina llegó a la COP 28 con una delegación encabezada por Cecilia Nicolini representando al país y particularmente a la gestión de Alberto Fernandez. Ya en el primer día anunció en su cuenta de Twitter la puesta en marcha del fondo para pérdidas y daños por la crisis climática. Y agregó que: “El fondo será operado por el Banco Mundial y va a disponer inicialmente de US $447 millones aportados por un grupo de países desarrollados”.

Marcia Levaggi, funcionaria de carrera en Cancillería, premiada por sus trabajos en cambio climático actualmente ministra plenipotenciaria, directora de Asuntos Ambientales que se desempeñaba como embajadora en Senegal, fue finalmente designada para representar al gobierno en el evento de Dubái y continuar con las conversaciones. Sus declaraciones llevaron algo de tranquilidad aunque contradecían la conocida postura de MIlei, “Vine a traer tranquilidad a las Naciones Unidas y a otros países que Argentina va a seguir comprometida con el Acuerdo de París y va a cumplir sus obligaciones climáticas”, señaló Levaggi en Dubai consultada por la prensa.

La COP 28 cerró con el reconocimiento de casi 200 países en la necesidad de abandonar los combustibles fósiles. “Este es el principio del fin”, dijo Simon Still, secretario ejecutivo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Por su parte el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su discurso de clausura de la cumbre, hizo énfasis en que  la era de los combustibles fósiles debe terminar con justicia y equidad, y agregó: “Hay que apoyar a los países en desarrollo en cada etapa del camino».

El 27 de diciembre nuevamente se encendieron las alertas ambientalistas cuando el presidente envió al Congreso un proyecto de ley que consta de 351 páginas y 664 artículos, la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. El proyecto toca temas sensibles como Ley de Bosques, Ley de Glaciares, Ley de Protección Ambiental entre otras.

El Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) publicó un extenso informe en el que hicieron un análisis sobre las implicancias y modificaciones que el proyecto propone sobre la legislación vigente.

El documento detalla cómo la modificación afecta distintas leyes sancionadas:

• Ley de Bosques N° 26.331: autoriza los desmontes en las áreas de protección I y II (roja y amarilla), que actualmente están expresamente prohibidos.

• La Ley de Glaciares N° 26.6392: entre otras cosas, permitiría la explotación minera en el ambiente periglacial, que actualmente está expresamente prohibida. 

• Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema N° 26.562: el proyecto de Ley modificaría el régimen de control a productores de las actividades de quema de vegetación o residuos de vegetación, mediante el uso del fuego, además habilita y liberaliza la quema de pastizales.

• Ley de Pesca Ley N° 24.922. Se deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques en muelles argentinos: se deroga el artículo 26 que prioriza que los buques utilicen tripulación argentina; se modifica el artículo 27, referido a las autorizaciones o permisos de pesca.

• Con la privatización de la AGP: Río Paraná y Humedales, se propone la privatización de la Administración General de Puertos, consolidándose las políticas hacia la privatización de los ríos, en particular, el Paraná, negando la titularidad de las provincias de sus bienes naturales.

• En el tema energía y fósiles, se busca la desregulación sectorial y eliminación de prioridad al mercado interno, Ley N° 26.741; derogación del artículo 1º mediante el cual se declara de interés público nacional y objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, establecido en el 2012 en la ley que establecía la expropiación de YPF; y sustituye el artículo 3º de la Ley 17.319 de Hidrocarburos por uno que establece que el objetivo principal es “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”.

El informe completo también alerta sobre las modificaciones en lo que respecta a la liberación de regalías, precios, exportaciones e importaciones; privatización de empresas energéticas estatales; y la desregulación y eliminación de garantías en agrocombustibles. 

Finalmente, analiza las concesiones a Fuerzas Armadas Extranjeras cediendo el control de nuestros suelos y bienes comunes,  amenazando de manera directa, la legislación vigente de protección ambiental en Argentina, en línea con la derogación a la Ley de Tierras Rurales realizada por el DNU 70/2023, a través del cuál se habilita a que, capitales extranjeros puedan adquirir tierras nacionales en zonas de frontera, flexibilizando, sino renunciado, al control sobre nuestros límites fronterizos.

El DNU entró en vigencia y el proyecto de ley debe debatirse. Ambas iniciativas ponen en tensión los derechos conquistados en los últimos años, entre ellos los socioambientales. La comparación entre la política ambiental del gobierno anterior y la actual revela una transición significativa en la estructura y el enfoque de la gestión ambiental. Como está planteado, hasta ahora,  esta nueva configuración genera incertidumbre, alerta sobre la protección del medio ambiente y pone al país en el foco de atención a nivel mundial.